Mientras la temporada de lluvias de 2025 alcanza su momento más álgido en Panamá, la comunidad indígena guna de Ukupa, que fue desplazada por inundaciones a fines del año pasado, sigue a la espera del apoyo gubernamental que necesita con urgencia.
Después de que, debido a las inundaciones severas ocurridas en diciembre de 2024, sus hogares en la costa caribeña quedaran en condiciones inhabitables, algunos miembros de la comunidad recurrieron a una medida de último recurso: trasladarse a un sitio más seguro, llamado Wichumur. Pero el apoyo gubernamental que precisan los miembros de la comunidad para mudarse de manera digna aún no se ha materializado.
Otra comunidad guna que antes vivía en Gardi Sugdub, una isla superpoblada y expuesta a inundaciones, intentó previamente obtener apoyo para trasladarse a Isber Yala. Este proceso demoró más de una década y estuvo marcado por postergaciones y otras dificultades. Finalmente, en 2024, los miembros de la comunidad recibieron las llaves de sus nuevos hogares.
Ukupa no debería quedar en una situación indefinida que se prolongue durante muchos años, como ocurrió con Gardi Sugdub. Si se implementa una planificación adecuada, las soluciones para las comunidades desplazadas pueden ser más sistemáticas e integrales. Es fundamental que se adopte un Protocolo Nacional sobre Reubicación Planificada que sea sólido e inclusivo, y que se desarrolle en colaboración estrecha con líderes indígenas y locales. Esta ha sido, además, una recomendación clave expuesta en el informe publicado en 2023 por Human Rights Watch sobre Gardi Sugdub.
Sobre la base de los compromisos gubernamentales anteriores, las novedades recientes resultan alentadoras. Se compartió un Decreto Ejecutivo para someterlo a consultas públicas y, una vez finalizado, sentará las bases jurídicas para un Protocolo Nacional, junto con el monitoreo continuo del desplazamiento por razones climáticas. No obstante, el decreto permanece aún sobre el escritorio del presidente José Raúl Mulino, a la espera de que lo firme.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente panameño está dando pasos para avanzar en el Protocolo Nacional. En septiembre de 2025, un equipo técnico del Ministerio de Ambiente visitó a la comunidad reubicada en Isber Yala y a otras comunidades que se encuentran en distintas etapas del proceso de reubicación. El objetivo de las consultas fue comprender las experiencias, los desafíos y las prioridades de las personas en relación con el Protocolo Nacional.
El presidente Mulino debe firmar sin demora el Decreto Ejecutivo, y el Ministerio de Ambiente debe finalizar e implementar el Protocolo Nacional, para asegurar así que Ukupa y otras comunidades no queden en una situación indefinida mientras se agudiza la crisis climática. Es indispensable que este nuevo protocolo refleje las realidades de los pueblos indígenas y reafirme sus derechos a la libre determinación, la cultura y el consentimiento libre, previo e informado.
El Protocolo Nacional de Panamá, que está previsto que se adopte próximamente, también podría ser un modelo para otros países.
Cientos de comunidades en todo el mundo ya se han reubicado o lo están haciendo actualmente ante el aumento del nivel del mar y el agravamiento de las tormentas que amenazan a los hogares y los medios de subsistencia. Las comunidades desplazadas necesitan soluciones duraderas, lo que incluye las reubicaciones planificadas dirigidas por la comunidad, como medida de último recurso. Conforme se acelera el cambio climático, todos los países con litoral deben abordar seriamente estas cuestiones y formular políticas que respeten los derechos.
